El concejal cuestionó las prácticas de los agentes implicados, quienes presuntamente no son empleados municipales de planta permanente. "Según lo que sabemos, estas personas son contratadas, y hemos recibido denuncias de vecinos sobre su accionar violento, especialmente en el micro y macrocentro. Esto incluye golpizas a cuidacoches y personas en situación de calle. Es un hecho de cobardía extrema", denunció.

Guglielmotti también señaló inconsistencias en el manejo presupuestario municipal, destacando una reducción de fondos en áreas sensibles. "El presupuesto de desarrollo social se ha recortado drásticamente, mientras se destinan más de 9.000 millones de pesos a propaganda. Esta priorización es inaceptable en una ciudad con altos niveles de desempleo y pobreza", argumentó.

El concejal vinculó estas prácticas a una escalada preocupante de violencia institucional. "Parece que están preparando el terreno para el uso de armas no letales recién adquiridas por el municipio. Esto no solo aumenta la represión, sino que también profundiza la exclusión de los sectores más vulnerables", señaló.

Finalmente, Guglielmotti llamó a una reflexión colectiva y a la intervención de las autoridades provinciales y nacionales. "Este tipo de acciones no solo estigmatizan a los más vulnerables, sino que dañan la imagen de nuestra ciudad. Es momento de repensar estas políticas y priorizar soluciones inclusivas y humanas", concluyó.

El caso ha generado repercusión a nivel nacional, con organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos manifestando su rechazo a los operativos y exigiendo medidas inmediatas para detener la violencia.