Según los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, las pruebas recolectadas indican que el submarino "no reunía las condiciones de alistamiento requeridas" para navegar en el momento de su última misión. La investigación, que comenzó en 2017 tras la pérdida de comunicación del submarino, avanzará contra cuatro exfuncionarios de la Armada: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa. Sin embargo, los familiares de las víctimas cuestionan que no se haya indagado sobre la implicación de funcionarios políticos.

La causa, que ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo la apelación por parte de López Mazzeo, continúa generando controversia. La jueza Marta Yáñez, encargada de la instrucción, había dictado el procesamiento de seis agentes de la Armada, pero en 2020 la Cámara ratificó los cargos contra solo cuatro de ellos. A pesar de los intentos por completar pericias clave, los jueces consideraron que el material ya reunido es suficiente para proceder.

Los familiares de los tripulantes, representados por abogados como Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, insisten en que la falta de investigación sobre las responsabilidades políticas es una omisión grave. Carreras afirmó que la investigación debería seguir adelante en busca de esclarecer completamente el caso.

En dialogo con LU9 la Dra. Valeria Carreras, nos dio mas detalles de la causa: