Durante la sesión, Pulti destacó las graves consecuencias económicas del decreto. "Las consecuencias del decreto están a la vista en los números: la industria manufacturera cayó en marzo un 21,2% y la construcción un 42,2%", señaló. Además, mencionó que los empleos en este sector disminuyeron "en 48.000 puestos desde diciembre hasta febrero".

El diputado provincial también expresó su sorpresa por la falta de intervención de la Corte Suprema ante un decreto que altera significativamente la normativa argentina. "Nos llama la atención que un decreto que provoca un cambio masivo en la estructura normativa de la Argentina no tenga todavía una manifestación de la Corte. Porque el artículo 3 de la Constitución Nacional señala que 'el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo'", subrayó Pulti.

Asimismo, criticó la modificación de 87 leyes y la derogación de 30, considerándola una "alteración democrática". Pulti enfatizó que, además de violar formalmente la Constitución, el decreto también transgrede principios sustanciales, ya que pone a los mercados por encima de los seres humanos, invirtiendo las prioridades establecidas en la Constitución.

Repudio a las declaraciones de Espert

En relación con las declaraciones de José Luis Espert, quien convocó a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, Pulti afirmó que "la democracia se construye cumpliendo la ley". Añadió que "con la aprobación de esta iniciativa dejamos en claro que no se puede decir cualquier cosa siendo diputado nacional".

Pulti argumentó que el proceder de Espert constituye una violación del artículo 36 de la Constitución Nacional y podría ser encuadrado en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, lo cual lo haría pasible de pena de prisión. "El proceder de Espert fue una violación al artículo 36 de la Constitución Nacional y puede ser encuadrado en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, siendo pasible de pena de prisión", concluyó Pulti.

Estos proyectos de repudio reflejan la preocupación y la indignación del legislador provincial ante acciones y declaraciones que considera contrarias al orden constitucional y al respeto de la ley, fundamentales para el funcionamiento democrático del país.