Gómez aclaró que, en la provincia de Buenos Aires, las normativas vigentes protegen un modelo sanitario basado en la supervisión de farmacéuticos: "En nuestra provincia, ningún medicamento, ni siquiera los de venta libre, puede estar al alcance directo del público. Deben ser dispensados exclusivamente en farmacias habilitadas y bajo el asesoramiento de un farmacéutico", explicó.

La presidenta del CFPBA señaló que esta medida nacional prioriza intereses comerciales por encima de la salud pública: "Se presenta como una política para mejorar el acceso, pero esto ya se intentó en los años 90 y fracasó. No se mejoró el acceso ni se redujeron precios; por el contrario, aumentaron los casos de adulteración y el consumo descontrolado", advirtió, recordando episodios como el del falso Propofol, que generaron alertas sanitarias en el pasado.

Gómez enfatizó que este decreto no tendrá vigencia en la provincia de Buenos Aires, donde las leyes locales seguirán regulando estrictamente la venta de medicamentos. "Defendemos un modelo que pone la salud por encima del mercado, garantizando el acceso seguro a través de farmacias distribuidas incluso en las localidades más pequeñas, donde muchas veces son el único punto de contacto con el sistema de salud", concluyó.