El dirigente destacó que el decreto emitido por la gestión de Javier Milei aclara las situaciones en las que los derechos deben abonarse. "Si la fiesta es abierta al público, como un evento con venta de entradas, ahí sí corresponde pagar. Pero si hablamos de una lista cerrada de invitados, como una fiesta de 15 o una reunión familiar, nadie tiene derecho a exigir ese dinero", puntualizó.

Sin embargo, García denunció que persisten situaciones irregulares. "Hemos recibido denuncias de inspectores de SADAIC y AADI-CAPIF que intentan ingresar a eventos privados para cobrar. Quiero dejar claro que no tienen autoridad para interrumpir una fiesta ni mucho menos para cortar música. Los afectados pueden reclamar en Defensa del Consumidor", subrayó.

El presidente de la asociación destacó la importancia de informar a los organizadores de eventos sobre este cambio normativo. "Es un alivio económico para muchas familias que hacen un esfuerzo para celebrar ocasiones especiales. Ahora pueden organizar sus fiestas sin preocuparse por este gasto adicional", concluyó García, invitando a la comunidad a consultar si tienen dudas sobre la normativa vigente.